Una empresa explotó el espacio público ocho años sin pagarle a Quito
- Por años, la ciudad no percibió ingresos por mupis publicitarios en el espacio público mientras una empresa privada se beneficiaba. Hoy, el Municipio apuesta por recuperar lo que le pertenece a la ciudad.
Quito, (Quito Informa).- Una ciudad entera veía pasar los días, los buses y las vallas, sin saber que cada panel de publicidad en sus paradas era parte de un contrato que, desde el principio, no debió firmarse. Fue en 2018 cuando el Municipio de Quito suscribió un acuerdo con una empresa publicitaria para la explotación de mupis, los paneles de publicidad en las paradas, repartidos por toda la capital. Nadie imaginó entonces que ese contrato terminaría años después enredado en tribunales, dictámenes de ilegalidad y una deuda millonaria con la ciudad.
Andrés Segovia, procurador metropolitano, lo resume sin rodeos: “Era un contrato nulo. No tenía aprobación del Concejo, fue observado por la Procuraduría General del Estado y, aun así, se ejecutó”.
Pero lo peor estaba por venir. El documento incluía cláusulas difíciles de creer, una de ellas exigía que, en un radio de 200 metros en zonas como la avenida Naciones Unidas y Amazonas, no se permitiera ninguna publicidad que no fuera de la empresa Sarmiento. En una ciudad que vive de la pluralidad de marcas y mensajes, esto no solo era arbitrario, vulneraba directamente la ordenanza municipal que regula la instalación de vallas y paneles.
El tiempo pasó. Durante ocho años, la empresa colocó sus anuncios, vendió sus espacios, lucró. ¿Y el Municipio? Apenas recibió USD 12 mil en ese periodo. Una cifra irrisoria si se considera que, según lo estipulado, debían ingresar aproximadamente USD 1,2 millones por año. La diferencia es escandalosa, más de USD 9 millones que jamás llegaron a las arcas de la ciudad.
El contrato fue declarado nulo por la Procuraduría General del Estado; actualmente, la empresa adeuda más de USD 76 millones a la ciudad.
Batallas fuera de lugar
En 2022, la empresa presentó cuatro acciones de protección. No en Quito, donde el contrato tenía efecto, sino en Guayaquil. “Eso fue insólito”, dice Segovia. “Querían que jueces sin jurisdicción resolvieran sobre un contrato municipal quiteño”.
Tres años después, la justicia les dio la razón a las autoridades quiteñas. El contrato se cerró definitivamente. Y mientras los mupis eran tapados uno a uno por disposición del Municipio, la ciudad comenzaba a tomar conciencia de todo lo que había perdido.
La deuda con Quito no es menor. Oscila entre los USD 11 y 12 millones, pero con intereses y recargos suma ya USD 76 millones. Las autoridades han emitido títulos de crédito y preparan medidas más drásticas y justas, enajenación de bienes, congelamiento de cuentas, incluso prohibición de salida del país para los responsables.
Lecciones entre vallas
Este caso es una oportunidad para repensar cómo se administra el espacio público. Segovia lo plantea con claridad: “Hay que reformar la ordenanza de vallas. No puede ser que unas pocas empresas monopolicen la publicidad y la ciudad no reciba lo justo”.
En ese entramado de intereses, el que arrienda, el que diseña, el que anuncia, surge la pregunta esencial: ¿cuál es el valor real del espacio público? ¿Y cómo evitar que, entre papeles mal firmados, ese valor se pierda?
Hoy, mientras algunos mupis aún lucen con fundas plásticas negras y las cuentas se revisan con lupa, queda una certeza, Quito empieza a recuperar lo que es suyo. Aunque el contrato invisible haya durado demasiado.