Eliminar la tasa de basura sin diálogo ni planificación es una medida antitécnica que afecta a Quito

Quito (Quito Informa).- Este martes, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, advirtió que la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) de la planilla eléctrica es apresurada, unilateral y antitécnica, pues vulnera la seguridad jurídica y afecta la operatividad de un servicio público esencial.

“Una vez más, el Gobierno no escucha, no coordina y no cumple con sus obligaciones con los municipios. No se puede improvisar en temas tan sensibles como la gestión de residuos”, enfatizó el alcalde.

Impacto económico y alternativas en análisis

La eliminación de la TRB de la planilla eléctrica implicaría un desfinanciamiento de USD 6 millones mensuales, equivalente a USD 72 millones al año, recursos destinados a mantener la limpieza y el manejo de residuos en toda la ciudad.

“Si esta medida política no se revisa, deberemos implementar alternativas para garantizar la sostenibilidad financiera. Una opción es trasladar el cobro a la planilla de agua potable, con un esquema que protega los hogares de menores ingresos”, precisó el Alcalde.

Esta posible transición requeriría al menos seis meses de trabajo técnico y normativo. Otra opción sería cubrir temporalmente el servicio con recursos municipales, lo que implicaría dejar de ejecutar obras por USD 6 millones mensuales.

‘La ciudadanía pregunta, el alcalde contesta’: un espacio directo para escuchar a los vecinos 

El convenio con la Empresa Eléctrica sigue vigente

El Municipio de Quito mantiene un convenio legalmente suscrito con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) hasta el 31 de diciembre de 2025.
Desde 2017, se han firmado cinco convenios que permiten incluir la tasa en la planilla de energía eléctrica, todos con informes jurídicos favorables emitidos por la EEQ.

“No se ha configurado ninguna causal para su terminación y tampoco hemos recibido una notificación formal. Además, Quito es accionista de la Empresa Eléctrica; no deberíamos recibir un trato de esta naturaleza”, explicó Muñoz.

La Alcaldía recordó que el 6 de agosto de este año EMASEO EP solicitó la renovación del convenio, sin respuesta hasta la fecha, pese a haber reiterado el pedido el 10 de octubre.
La medida anunciada por el Gobierno también afectaría a la propia Empresa Eléctrica, que percibe 4,5 millones de dólares anuales por brindar este servicio de recaudación.

El servicio se mantiene con normalidad

Muñoz garantizó que el servicio de recolección de basura no se interrumpirá y que tanto EMASEO EP como la EEQ continuarán operando con normalidad mientras se buscan soluciones legales y técnicas.

“Las quiteñas y quiteños pueden estar tranquilos. El servicio no se detiene, pero es importante que la ciudadanía sepa quiénes provocan esta situación”, señaló.

Quito exige diálogo, respeto y cumplimiento

El alcalde también subrayó que los canales de diálogo y comunicación con el Gobierno son nulos y que la deuda superior a USD 140 millones con el Municipio de Quito se mantiene, lo que ha afectado la ejecución de obras y servicios.

“No pedimos privilegios. Pedimos lo que por ley le corresponde a Quito. Los municipios necesitamos eficiencia, respeto y responsabilidad del Gobierno Nacional”, afirmó.

Finalmente, el Burgomaestre insistió en que cualquier cambio en los mecanismos de cobro de la TRB debe realizarse de manera planificada y concertada, con mesas de diálogo y un plan de transición responsable que garantice la continuidad de los servicios públicos.

“Esta es una defensa legítima de la ciudad. La recolección de basura no es un tema político, es una cuestión de salud pública para más de dos millones de quiteños”, concluyó Muñoz.