Un camal clandestino y una presunta planta de procesamiento de oro ilegal funcionaban en una vivienda
- En 2024, la AMC clausuró nueve camales clandestinos por incumplir las condiciones de salubridad y funcionamiento. En lo que va de 2025, ya suman 11 los establecimientos de este tipo.
Quito, (Quito Informa). – Lo que aparentaba ser una vivienda en una zona residencial de Calderón, al norte de Quito, desarrollaba en su interior dos actividades: un camal clandestino y una presunta planta de procesamiento de oro ilegal.
Durante un operativo de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Policía Judicial y Fiscalía General del Estado (FGE), se identificó una presunta planta artesanal de procesamiento de oro, aparentemente vinculada a actividades de minería ilegal del norte del país.
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En el lugar se hallaron 34 sacos de carbón activado, valorados por más de USD 1 200 millones, equipos de trituración, separación y concentración de material aurífero, indicios recogidos para las investigaciones correspondientes.
Clausura de camal clandestino
Junto con la Empresa Metropolitana de Rastro, la AMC constató la presencia de instrumentos para el faenamiento de animales vacunos en condiciones insalubres y que estarían presuntamente relacionado con el abigeato (robo de ganado).
“Dentro de nuestras competencias, clausuramos el matadero clandestino, donde encontramos más de 200 kilos de carne de res, cortadoras eléctricas, balanzas y cuchillos”, informó Gustavo Chiriboga M., supervisor metropolitano de la AMC, aclarando que la investigación sobre la planta de procesamiento de minerales corresponde a FGE.
Las primeras verificaciones evidencian que la carne faenada en el inmueble se almacenaba en una bodega en malas condiciones sanitarias, junto a materiales presuntamente utilizados para la extracción de oro. Desde ahí, habría sido distribuida a carnicerías de sectores cercanos como San José de Morán, San Juan de Calderón y Pomasqui.
Con base en el Código Municipal, la persona responsable del camal clandestino podría enfrentar una multa de 9 a 15 remuneraciones básicas unificadas, es decir, entre 4 230 y 7 050 dólares, por operar sin permisos municipales, además de las acciones penales que puedan derivarse por la presunta actividad minera ilícita.
Los operativos se seguirán realizando en toda la ciudad para mantener a Quito en control.