Reforma al COOTAD atenta contra la autonomía de gobiernos locales y los servicios que ofrecen
Quito (Quito Informa).– El economista Diego Martínez, asesor de la Alcaldía de Quito, alertó sobre las graves afectaciones que generaría la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que presentó el Gobierno Nacional y que ya cuenta con informe para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Durante una entrevista radial, Martínez sostuvo que el debate debe centrarse en el “por qué” de la reforma y en sus consecuencias directas para la ciudadanía. “Las afectaciones podrían ser sumamente graves, fundamentalmente pensando en los servicios que presta el municipio a la ciudadanía”, señaló. En ese contexto, mencionó posibles impactos en servicios sociales, educativos y de salud, así como en el transporte público municipal, como el trolebús, la Ecovía y el Metro.
El economista explicó que el proyecto de ley introduce una regla que limitaría el gasto municipal al establecer que no se puede destinar más de tres dólares a lo que denomina ‘gasto no prioritario’. A su criterio, esta definición es errónea y desnaturaliza el concepto de inversión. “Una parte importantísima y sustancial del gasto en servicios es el pago a las personas que los prestan: profesores, médicos, trabajadoras sociales, conductores del transporte público”, enfatizó.
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¿Qué es lo que realmente busca el Gobierno con la reforma?
Martínez afirmó que, pese a que el proyecto se presenta como un mecanismo para promover la inversión, su verdadero objetivo sería otro. “Si uno lee el proyecto de ley y la exposición de motivos, se puede dar claramente cuenta de que el objetivo real es disminuir el personal de los gobiernos autónomos descentralizados”, indicó. Según el economista, esta medida estaría alineada con el propósito de reducir el déficit fiscal en el marco de los acuerdos que tiene el gobierno de Daniel Noboa con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Advirtió que, de aprobarse la reforma, el Municipio de Quito podría verse obligado a suspender servicios, cobrar por ellos o despedir personal. “Hemos estimado que, solo en el caso de Quito, habría que despedir aproximadamente a cinco mil servidores municipales”, aseguró.
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La regla del 70% para inversión ya existe, entonces, ¿cuál es el problema?
El asesor económico recalcó que la regla de invertir el 70 % de los recursos que entrega el Gobierno central ya existe y que,incluso en el caso de Quito se cumple íntegramente.
“Quito recibe 346 millones del Gobierno Nacional y dedica los 346 millones a inversión. Y no solo eso, sino que Quito coloca recursos propios adicionales y por eso en el presupuesto del 2026 Quito invierte 612 millones de dólares”, dijo.
El problema, según explicó, es que la reforma al COOTAD excluye de la inversión lo que el proyecto denomina “no prioritario”, concentrándose en dos elementos clave: el personal y las transferencias de inversión. Esto significa que ya no se podrían destinar recursos para pagar a las personas que ejecutan y sostienen los proyectos y servicios municipales, como trabajadores de programas sociales, ni para transferencias a entidades estratégicas como ConQuito, que impulsa el emprendimiento y la innovación. Asimismo, se restringirían los aportes municipales a empresas de transporte público, necesarios para cubrir gastos operativos básicos como energía, combustible y salarios de conductores del Metro, el Trolebús y la Ecovía, poniendo en riesgo la continuidad de estos servicios esenciales.
“Hace más de cinco décadas se superó la idea de que inversión es solo cemento o equipos. En economía, la gente es el elemento productivo más importante de las economías y con el proyecto de ley se deja de lado a la gente”, afirmó.
También dijo que impedir a los municipios invertir en personal y programas sociales resulta aún más grave cuando los servicios del Gobierno Nacional de salud y educación atraviesan un deterioro continuo. “Entonces, ¿por qué impedir a los gobiernos autónomos que sí brindan esos servicios y de buena calidad que lo sigan haciendo?”, cuestionó.
¿La propuesta del Gobierno es inconstitucional?
Para Martínez existen serios vicios de inconstitucionalidad. Explicó que el proyecto fue enviado como urgente, aunque estaba previsto para aplicarse desde 2027. “¿Dónde estaba la urgencia?” señaló. Y que posteriormente se modificó para entrar en vigencia el 1 de junio de 2026. “A última hora en el informe que aprueban para el primer debate esto fue modificado. Están dando una ley con carácter retroactivo, vulnerando que los presupuestos municipales ya fueron aprobados en diciembre”, puntualizó.
Asimismo, indicó que la reforma atenta contra la autonomía de los gobiernos locales, al imponer desde el Gobierno central la priorización del gasto, cuando la Constitución y la ley establecen que esta competencia corresponde a alcaldes y prefectos, con aprobación de sus concejos.
Además, atenta contra principios y normas jurídicas ya definidas. “El concepto de inversión pública ya está definido en la ley que regula la planificación y las finanzas públicas. Con esto estamos poniendo una ley específica para los GADS en la que se define otro concepto de inversión y eso es atentar contra el principio de generalidad de la norma”, explicó.
El economista Diego Martínez advirtió que los efectos recaerían directamente en la población. “Imagínense lo que significaría un incremento de pasajes solo porque una regla fiscal impide pagar a los conductores o el combustible. Es una cosa de locos lo que está planteando el Gobierno Nacional”, concluyó.