Concejo Metropolitano conoció en primer debate la ordenanza que mantiene los valores del impuesto predial en Quito

Quito, (Quito Informa). – En la sesión extraordinaria No. 177 del Concejo Metropolitano, realizada este viernes, 19 de diciembre, se conoció en primer debate la Ordenanza Metropolitana Reformatoria de las normas para el pago del impuesto predial urbano y rural del Distrito Metropolitano de Quito para el bienio 2026–2027.

La propuesta plantea mantener los mismos valores vigentes en 2025, sin incrementos generales en el impuesto predial.

De acuerdo con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los municipios deben actualizar cada dos años las tablas para el cobro del impuesto predial. En este caso, se conservarán los valores del bienio anterior y se mantendrán las exoneraciones legales para adultos mayores y entidades benéficas.

La recaudación proyectada para 2026 asciende a USD 129,4 millones, que incluye el cobro del impuesto predial urbano y rural, la tasa de seguridad, bomberos y el tributo por solares no edificados.

La directora Metropolitana Tributaria, Diana Arias, explicó que, una vez aprobada la valoración catastral, corresponde actualizar la ordenanza conforme a lo que establece el Cootad, tanto para predios urbanos como rurales. Además, se mantiene el descuento del 10 % por pronto pago en enero, que se reduce progresivamente cada 15 días hasta el 30 de junio.

Actualmente, en Quito existen 1’037.877 predios, pertenecientes a 672.893 propietarios. Arias señaló que, por ejemplo, una persona que tenga tres predios con un avalúo conjunto de USD 475.000 pagará alrededor de USD 336 de impuesto predial. Aclaró que cualquier variación en el valor a pagar responde a cambios en la valoración de los predios, no a un incremento del impuesto.

Durante la sesión, también se presentó una propuesta de los concejales para que el trámite de baja del impuesto a solares no edificados sin servicio de agua potable pueda realizarse de forma virtual y no presencial. El plazo para implementar este cambio, que podría tomar entre 30 y 60 días, será analizado en el segundo debate de la ordenanza.