Propuesta que plantea un cobro más justo por obras llega a segundo debate
Quito, (Quito Informa).– Este lunes, el Concejo Metropolitano de Quito tratará en segundo debate la reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), una propuesta impulsada por el alcalde Pabel Muñoz que busca corregir inequidades históricas en el cobro de obras y aliviar la carga económica que hoy recae, de manera desproporcionada, sobre algunos vecinos.
La Contribución Especial de Mejoras es un valor que se cobra junto con el impuesto predial y financia obras ejecutadas a través de presupuestos participativos. Sin embargo, su aplicación actual ha generado situaciones injustas, especialmente para quienes viven frente a las obras.
Hoy, por ejemplo, cuando se adoquina o rehabilita una calle, esta se clasifica como una obra local y el costo se cobra únicamente a los frentistas. En muchos casos, el valor de la contribución termina siendo incluso más alto que el propio impuesto predial.
“Ese desequilibrio debe corregirse”, ha señalado el alcalde Pabel Muñoz, al explicar que no es justo que una obra que beneficia a todo un barrio o a una parroquia sea pagada solo por quienes viven frente a ella.
Un nuevo modelo de reparto del costo
La propuesta municipal plantea que la CEM ya no recaiga únicamente en los frentistas, sino que se distribuya entre todos los beneficiarios reales de la obra.
Si una intervención beneficia a dos barrios, el costo se dividirá entre los habitantes de ambos. Si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el cobro se realizará de manera proporcional en esos niveles.
Con este nuevo esquema, un vecino que hoy puede pagar alrededor de USD 500 por la rehabilitación de su calle, podría llegar a pagar apenas un dólar cuando el costo se reparte de forma equitativa entre todos los beneficiarios.
Más zonas de influencia y más tiempo para pagar
La reforma también amplía las zonas de influencia para el cobro de la contribución. Actualmente existen solo dos categorías: local y distrital. Con la nueva normativa, se incorporan cuatro niveles: local, parroquial, zonal y distrital, lo que permite una distribución más justa del pago.
Además, el plazo máximo para cancelar la contribución se amplía de 10 a 20 años, lo que se traduce en cuotas más bajas y manejables para las familias.
Es importante señalar que esta reforma no será retroactiva. La nueva normativa se aplicará únicamente a las obras que se ejecuten a partir de 2026 mediante presupuestos participativos.