«Son las ciudades y sus ciudadanos los que deben definir qué uso le dan a su suelo»: alcalde Pabel Muñoz sobre reformas de ley

• La reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo  que debate la Asamblea podría obligar a los municipios a indemnizar a privados con recursos públicos y abrir la puerta a sanciones que incluso afectarían la permanencia de autoridades locales.

Quito (Quito Informa).- El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su preocupación frente a la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), que se debatirá este 30 de marzo en la Asamblea Nacional, y advirtió que podría afectar gravemente la autonomía de los gobiernos locales. «Hay muchos y terribles ejemplos en ciudades del país de cuando el apetito inmobiliario definió el uso del suelo», indicó a través de un pronunciamiento en redes sociales.

Señaló que la propuesta no constituye una mejora técnica, sino que abre la puerta a decisiones que podrían beneficiar intereses particulares por encima de la planificación urbana y el interés colectivo.

“El uso del suelo debe definirse desde las ciudades y en función de sus ciudadanos, no desde intereses ajenos al territorio (…). Solo a esta Asamblea se le ocurre hacer reformas a la ley de uso y gestión del suelo sin la opinión de las alcaldías”, sostuvo.

OTRA LEY CONTRA LOS GAD, PRINCIPALMENTE CONTRA LOS MUNICIPIOS Y EN BENEFICIO DE UNOS POCOS.

Entre los principales riesgos identificados, el alcalde explicó que la reforma podría obligar a los municipios a indemnizar a privados por supuestos “derechos adquiridos” cada vez que se actualicen los planes territoriales, lo que implicaría el uso de recursos públicos.

Asimismo, advirtió que se permitiría convertir suelo rural en urbano sin una planificación clara, bajo criterios amplios o decisiones de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT), lo que pondría en riesgo el desarrollo ordenado de las ciudades.

Otro punto crítico es la ampliación de atribuciones de la SOT, que podría emitir títulos habilitantes y licencias sobre el uso del suelo, funciones que actualmente corresponden a los gobiernos locales.

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Además, la reforma contempla sanciones económicas a los municipios de hasta el 3% de su presupuesto anual, lo que, en el caso de Quito, podría superar los 11 millones de dólares. El alcalde alertó que además la ley permitiría remover autoridades municipales

Finalmente, hizo un llamado a la Asamblea Nacional a revisar el proyecto con responsabilidad y a incorporar la voz de los gobiernos locales antes de tomar una decisión que impactará directamente en las ciudades y sus habitantes.