Centro de rehabilitación clandestino fue clausura por segunda vez
Quito, (Quito Informa). – La Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró por segunda ocasión un centro de rehabilitación clandestino en San José de Morán, parroquia Calderón, al norte de Quito.
El lugar, que ya había sido clausurado el pasado 20 de mayo, mantenía a 55 personas en condiciones deplorables, entre ellos 38 hombres, 14 mujeres y tres menores de edad. El personal médico detectó a uno de los internos con signos de desnutrición severa.
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Además, funcionarios del subcentro de salud ubicado frente al inmueble informaron que los fines de semana se realizaban fiestas con música a alto volumen y consumo de alcohol; incluso reportaron la llegada recurrente de mujeres en taxis y riñas entre presuntos trabajadores con moradores del sector.
Durante la intervención, se constató hacinamiento en espacios reducidos dentro de un inmueble fraccionado en varios departamentos, alrededor de una cancha. Denuncias y testimonios recogidos en sitio dan cuenta de maltratos físicos y psicológicos.
Las bitácoras del lugar evidencian que los familiares pagaban USD 120 mensuales por un supuesto tratamiento de desintoxicación, pese a que el establecimiento no contaba con acreditación sanitaria, condiciones mínimas de atención o personal calificado.
Los adultos fueron evaluados por personal de salud y entregados a sus familias. Los tres menores quedaron bajo custodia de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), a la espera de su reunificación con sus representantes legales.
Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, indicó que, además de la clausura por atentar contra la salud y la seguridad de las personas, el responsable del lugar enfrenta una sanción que podría llegar hasta ocho salarios básicos unificados (USD 3 760).
El operativo se realizó con el apoyo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS) del Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional,
Solo en 2024, la AMC inició 19 procesos sancionadores y ejecutó 10 clausuras a este tipo de establecimientos. En lo que va de 2025, ya se registran 16 clausuras a este tipo de establecimientos por diversas causas, entre ellas riesgos sanitarios, falta de permisos y denuncias de presuntas actividades ilícitas.