Concejo Metropolitano defiende a Quito: Procuraduría presentará acciones legales ante la Corte Constitucional por reforma al COOTAD
- La resolución aprobada en el Concejo advierte una afectación a la autonomía política, administrativa y financiera del Distrito y alerta sobre posibles impactos en servicios como educación, salud y programas sociales dirigidos a grupos prioritarios.
Quito, (Quito Informa).- Con 15 votos a favor, el Concejo Metropolitano aprobó este martes una resolución para que la Procuraduría interponga acciones legales ante la Corte Constitucional, con solicitud de medidas cautelares, frente a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) aprobada por la Asamblea Nacional.
El alcalde Pabel Muñoz sostuvo que, de aplicarse la reforma en los términos aprobados, el Municipio debería ajustar aproximadamente USD 459 millones para cumplir con la nueva normativa.
“El Municipio de Quito puede ser de los grandes perjudicados por esta reforma, que no era urgente ni necesaria. Quito ya cumplía con la norma vigente y destinaba el 100 % de las transferencias del Gobierno a obras”, afirmó.
Quito ya cumple con la ley 70-30
Durante la sesión, la administradora general, Grace Rivera, explicó que el presupuesto municipal proyectado para 2026 asciende a USD 1.042 millones, de los cuales USD 612 millones se destinan a inversión. De ese monto, USD 375 millones corresponden a transferencias del Gobierno Central, recursos que, según indicó, ya se invierten en su totalidad, además de USD 237 millones adicionales provenientes de ingresos propios.
Rivera advirtió que la eliminación de las partidas 71 y 78 afectaría la ejecución de obras y proyectos estratégicos, entre ellos intervenciones en el parque Bicentenario, la solución vial Rumihurco, la ampliación de la avenida Quitumbe Ñan, infraestructura ambiental, nuevos bloques de salud, centros Quito Wawas, fondos para parroquias rurales y becas educativas.
En el debate, la concejala Estefanía Grunauer llamó a la unidad del Concejo para defender los servicios dirigidos a niños, niñas y adultos mayores. Por su parte, el concejal Emilio Uzcátegui señaló que la discusión trasciende lo institucional y se relaciona con la garantía de derechos.
“El desarrollo no es solo cemento; es educación, es salud. Los derechos no son privilegios, son garantías”, concluyó el alcalde Muñoz.
¿Qué dice la Resolución?
RESUELVE:
Artículo 1.- Dejar constancia desde el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito sobre la injerencia en la autonomía política, administrativa y financiera con la aprobación y sanción de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS.
Artículo 2.- Exhortar a la Asamblea Nacional a que sus actuaciones se rijan estrictamente por lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador y el ordenamiento jurídico vigente, garantizando el respeto irrestricto a las competencias y funciones de los gobiernos autónomos descentralizados, sin que exista injerencia alguna que menoscabe su trabajo, autonomía política, administrativa y financiera.
Artículo 3.- Dejar constancia de que la referida Ley fue aprobada sin garantizar un proceso de deliberación plural y participativo, al no haberse escuchado a los gobiernos autónomos descentralizados, pese a las solicitudes formales presentadas ante la Asamblea Nacional para participar en el debate legislativo, lo que limitó la intervención de las autoridades locales en una decisión que impacta directamente sus competencias constitucionales.
Artículo 4.- Informar y poner en conocimiento de las y los quiteños los impactos negativos que podrían generarse con la implementación de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, particularmente en la sostenibilidad de la educación municipal, la salud municipal, los servicios de atención a la primera infancia como Quito Wawas, el subsidio al transporte público, los comedores municipales, fondos de capital semilla para emprendimientos, centros municipales de educación inicial y demás programas sociales que garantizan derechos y atención a los grupos prioritarios del Distrito Metropolitano de Quito
Artículo 5.- Solicitar a la Procuraduría Metropolitana del Distrito Metropolitano de Quito que, en ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, interponga las acciones pertinentes ante la Corte Constitucional de la República del Ecuador, incluyendo la solicitud de medidas cautelares, a fin de que se disponga la suspensión de la implementación de la norma impugnada, por la afectación grave, inminente e irreparable de los derechos de los grupos de atención prioritaria, así como en defensa de las competencias, autonomía política, administrativa y financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.
Artículo 6.- Disponer a la Secretaría General del Concejo Metropolitano, la notificación directa de esta resolución a la Asamblea Nacional del Ecuador, a la Presidencia de la República del Ecuador, y a los organismos de control competentes, para los fines legales correspondientes.