Municipio de Quito presentará este 4 de marzo la demanda de inconstitucionalidad contra reforma al COOTAD
Quito, (Quito Informa).– El alcalde Pabel Muñoz anunció que el Municipio de Quito presentará, el miércoles 04 de marzo, una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al considerar que su aplicación afecta la seguridad jurídica, la planificación municipal y la autonomía de la capital.
“Para ellos es gasto social lo que para nosotros es inversión social. El gasto lo ven de manera peyorativa, pero para nosotros es un tema fundamental. Lo que hacemos es, por ejemplo, contratar talleristas para atención en Casas Somos, quienes brindan formación en áreas como belleza o cuidado del cuerpo, para generar emprendimientos locales”, manifestó el alcalde en el programa Frecuencia Quiteña.
Durante sus declaraciones, el alcalde cuestionó las comparaciones que se realizan entre Quito y otros municipios del país en torno al tamaño de su estructura administrativa. Señaló que, si bien es positivo optimizar procesos y reducir trámites innecesarios, existen funcionarios indispensables que cumplen tareas fundamentales para garantizar servicios públicos de calidad a una ciudad de cerca de tres millones de habitantes.
Muñoz explicó que Quito administra competencias que ningún otro municipio del país tiene, o en diferente magnitud, por ejemplo, la gestión directa de 20 unidades educativas municipales, que atienden a cerca de 27.000 estudiantes y cuentan con más de mil docentes, además de servicios integrales de salud escolar, que incluyen médicos, odontólogos, nutricionistas y equipos de psicología. A esto se suman tres centros de salud, cerca de 100 Quito Wawas con atención para alrededor de 5.000 niños y 14 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI).
En materia de movilidad, recordó que la capital gestiona un sistema de transporte mixto, que combina operación municipal y privada, incluyendo el Trolebús, la Ecovía y el Metro. Este modelo, dijo, permite garantizar cobertura en sectores donde la operación privada no resulta rentable, evitando la paralización total de la ciudad ante eventuales conflictos con transportistas concesionados.
El alcalde también destacó la inversión en seguridad y gestión de riesgos, como la reciente inauguración de la estación de Bomberos número 27 en Calderón, la incorporación de cinco nuevas ambulancias, con lo que el Cuerpo de Bomberos de Quito alcanza 25 unidades, y los procesos de certificación internacional en equipos de búsqueda y rescate urbano (USAR), que posicionan a la ciudad con estándares superiores a los de otras urbes del país. “Tenemos el Cuerpo de Bomberos mejor capacitado del país”, señaló Muñoz.
En cuanto a la planificación y participación ciudadana, el alcalde enfatizó que el presupuesto municipal se construye de manera participativa a través de la Asamblea de Quito y se aprueba mediante debate en el Concejo Metropolitano. Por ello, consideró “una barbaridad” que una ley emitida con el año fiscal ya iniciado pretenda modificar la ejecución de un presupuesto aprobado con anterioridad, afectando programas ya planificados y contratos en ejecución.
“¿Qué hago ahora, por ejemplo, con la Quitumbe Ñan? Que se contrató estas semanas y ya se está trabajando fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? Ya está contratada y viene una ley, ¿qué tenemos que hacer? ¿Suspender el contrato? Estas son las barbaridades que están previstas en la ley”, explicó el alcalde.
Como ejemplo, también mencionó iniciativas como los fondos de capital semilla impulsados desde ConQuito y contratos recientemente suscritos, cuya continuidad se vería comprometida por la reforma. En ese sentido, advirtió que la normativa podría vulnerar la seguridad jurídica y generar conflictos legales y administrativos.
Desde el 2 de marzo hasta el 7 de abril se reciben postulaciones para el capital semilla FonQuito
Finalmente, el alcalde reiteró que, con el respaldo del Concejo Metropolitano, el Municipio de Quito acudirá a la Corte Constitucional para que analice los posibles efectos de la reforma al Cootad y declare su inconstitucionalidad, en defensa de la autonomía municipal y de los servicios que se prestan a la ciudadanía.