El cobro de la tasa de basura en Quito pasará a la planilla de agua potable en 2026
Quito (Quito Informa). – Con 14 votos a favor, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó este lunes la Ordenanza para la Sostenibilidad y Mejora del Servicio de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que establece el cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) a través de la planilla de agua potable, además dio paso a la reforma Contribución Especial de Mejoras (CEM).
La aprobación se dio luego de que el Gobierno Nacional suspendiera de manera unilateral el cobro de la TRB mediante la planilla eléctrica, una decisión que afectó a algunos municipios del país. Frente a este escenario, la administración capitalina planteó un nuevo esquema que combina sostenibilidad financiera, corresponsabilidad ciudadana y criterios de justicia social.
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Durante la sesión, el alcalde Pabel Muñoz señaló que la ciudad no se quedó frente al problema, sino que buscó una solución que garantice la continuidad del servicio y promueva un consumo responsable del agua.
El concejal Fidel Chamba, presidente de la Comisión de Presupuesto, señaló que en el tratamiento se establecieron mesas de trabajo con todos los sectores involucrados, cómo el sector industrial, lo que permitió que la normativa tenga un tratamiento participativo. “Este sistema asegura la continuidad del servicio esencial de recolección transporte y disposición final de residuos protegiendo la salud pública y el ambiente”, dijo.
El concejal Adrián Ibarra explicó que la ordenanza responde directamente a la decisión del Gobierno Nacional y aclaró que, pese a ese cambio, en Quito no se ha interrumpido el servicio de recolección de basura. Además, destacó el reto de fortalecer el catastro y la medición del consumo de agua potable para lograr un cobro más justo y detallado del servicio, sin trasladar responsabilidades que no corresponden al Municipio.
En la misma línea, el concejal Emilio Uzcátegui valoró que se haya aprovechado este proceso para introducir una reforma necesaria a la Contribución Especial de Mejoras. La ordenanza se sustenta en estudios técnicos que evidencian una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de basura, por lo que el nuevo modelo establece una tarifa basada en el consumo: quien más consume agua, genera más residuos.
Según las estimaciones municipales, 6 de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o menos que cuando la tasa se cobraba en la planilla de luz. En total, el 59 % de usuarios se verá beneficiado con un valor igual o inferior al anterior.
El esquema también amplía y ordena su alcance. Se incorporan espacios de uso colectivo, como mercados municipales, casas comunales, estadios y ligas barriales; se establece una hoja de ruta de seis meses para diseñar un modelo específico de cobro para el sector industrial, considerando sus particularidades; y se aclara que los organizadores de eventos públicos deberán pagar la Tasa de Servicio de Aseo en Eventos Públicos u Otros (TOSA).
“El objetivo no es solo mantener las calles limpias, sino construir un sistema sostenible que garantice su continuidad en el tiempo, incluso frente al crecimiento urbano y los desafíos del cambio climático”, explicó Juan Pablo Pozo, gerente general del sistema de aseo.
Durante el debate se acogieron observaciones de varios concejales, resultado del trabajo técnico desarrollado por la Comisión de Presupuesto y Tributación en coordinación con el sector industrial. El cobro de la TRB se realizará a partir de febrero, correspondiente al consumo de agua del mes de enero.
Reforma a la Contribución Especial de Mejoras
En la misma sesión, el Concejo Metropolitano aprobó la reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), una propuesta impulsada por el alcalde Pabel Muñoz para corregir inequidades históricas en el cobro de obras públicas y aliviar la carga económica que ha recaído de forma desproporcionada sobre algunos vecinos.
El alcalde cuestionó que durante años no se haya revisado este esquema desde una perspectiva de equidad y señaló que las obras financiadas con presupuestos participativos deben entenderse como un esfuerzo metropolitano para corregir desigualdades territoriales, y no como una carga exclusiva para los frentistas.
La reforma establece que la CEM ya no será asumida únicamente por quienes viven frente a una obra, sino que el costo se distribuirá entre todos los beneficiarios reales. Si una intervención beneficia a dos barrios, el valor se dividirá entre ambos; si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el cobro se realizará de manera proporcional en esos niveles.
Con este nuevo esquema, un vecino que antes podía pagar alrededor de USD 500 por la rehabilitación de su calle podría llegar a pagar apenas un dólar, al repartirse el costo entre todos los beneficiarios.
La normativa incorpora cuatro niveles de aplicación, local, parroquial, zonal y distrital, y amplía el plazo máximo de pago de 10 a 20 años, lo que permitirá cuotas más bajas y manejables para las familias. La reforma se aplicará únicamente a las obras que se ejecuten a partir de 2026 mediante presupuestos participativos.