Padres de familia alertan que reforma al COOTAD afectaría la educación municipal: 27 mil estudiantes perjudicados
Quito (Quito Informa). – A través de un comunicado, los padres y madres de familia de estudiantes de instituciones educativas municipales manifiestan su ‘profunda preocupación’ ante la reforma planteada por el gobierno de Daniel Noboa al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que pone en riesgo el derecho a la educación de 27 mil estudiantes.
Los ‘Comités Centrales de Padres y Madres de Familia’ rechazan cualquier disposición normativa que comprometa la sostenibilidad de la educación municipal y exhortan a la Asamblea Nacional a revisar de manera responsable y exhaustiva cada artículo del proyecto de ley.
‘’La educación no es un gasto, es un derecho, es una responsabilidad colectiva y es el futuro de nuestros hijos”, señalan.
Además, explican que la educación municipal no se sostiene únicamente en infraestructura. Su funcionamiento depende principalmente del talento humano: docentes, médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeras, personal administrativo, de limpieza y seguridad, entre otros profesionales que garantizan clases diarias y servicios complementarios fundamentales.
Reforma al COOTAD atenta contra la autonomía de gobiernos locales y los servicios que ofrecen
¿Cuáles serían las consecuencias de aprobar la reforma?
Según los padres y madres de familia, la mayor parte del presupuesto educativo municipal está destinada al pago de este personal permanente. Una limitación en el uso de estos recursos podría generar consecuencias como:
- Posible cierre de instituciones educativas municipales.
- Reducción de más de 1.400 docentes.
- Hacinamiento estudiantil.
- Afectación a modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
- Suspensión de programas de primera infancia y servicios médicos, odontológicos y psicológicos.
- Recortes en seguridad, limpieza y mantenimiento.
- Paralización de proyectos educativos e infraestructura en ejecución.
“Como familias, no podemos aceptar que decisiones presupuestarias, políticas, desconectadas de la realidad educativa pongan en riesgo la continuidad y calidad del servicio que reciben nuestros hijos”, recalcan.
También señalan que la educación es un derecho fundamental y un deber ineludible del Estado que establece la Constitución. Asimismo, la Ley Orgánica de Educación Intercultural reconoce la naturaleza pública, gratuita y autónoma de las instituciones educativas municipales, incluyendo su autonomía financiera y administrativa.
