Varios servicios como atención a adultos mayores quedarían en el aire: Mauricio Alarcón analiza el impacto de una posible reforma al COOTAD

• El director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo indicó que la reforma del COOTAD debía ser socializada con los gobiernos locales y la ciudadanía

Quito (Quito Informa). – Este viernes, la Asamblea Nacional debatirá la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), enviada por el Ejecutivo. La iniciativa plantea cambios en la forma en que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ejecutan sus presupuestos. Especialistas advierten que esta modificación podría poner en riesgo la continuidad de servicios públicos que dependen del denominado “gasto corriente”, es decir, de los recursos destinados al pago de personal y funcionamiento institucional.

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En entrevista con MQ Radio, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, explicó que muchos servicios municipales no son infraestructura, sino atención directa a la ciudadanía. “Hay servicios que dependen de personas, y esas personas forman parte de la nómina institucional”, señaló.

Educación municipal, atención a adultos mayores, niñez y adolescencia, salud preventiva y programas sociales dependen de profesionales cuyos salarios se financian con gasto corriente. Reducir de manera forzosa ese rubro para destinarlo mayoritariamente a inversión, como plantea la reforma, podría dejar sin sustento estos servicios.

El experto advirtió que, de aplicarse la norma en los términos propuestos, varios servicios locales podrían quedar en incertidumbre en los próximos años. “No se trata de tomar partido por una autoridad, sino de entender cómo funciona un presupuesto público. La inversión es el mantenimiento de un colegio; el sueldo de los maestros pertenece al gasto corriente. Si se impone una regla rígida sin considerar esa diferencia, se pone en riesgo la prestación misma del servicio”, sostuvo.

En el caso de Quito, el Municipio mantiene unidades educativas municipales, programas de atención social a través del Patronato y más de 600 puntos del programa 60 y PiQuito para adultos mayores. Estos servicios dependen principalmente de talento humano.

Alarcón también cuestionó que el debate avance sin una amplia socialización con autoridades locales y ciudadanía. A su criterio, una reforma de esta magnitud requiere participación efectiva, no solo información posterior. “El nivel más alto de participación en materia normativa es la co-creación”, señaló.

De aprobarse la reforma, los municipios no solo tendrían que reorganizar sus presupuestos, sino enfrentar el riesgo de limitar programas sociales, educativos y comunitarios que hoy atienden a miles de personas.