Jueces de la Corte Provincial del Guayas enfrentarán un proceso disciplinario sancionador por el Caso Sarmiento
Este miércoles 14 de septiembre, se admitió a trámite la denuncia presentada por las autoridades municipales del DMQ en contra de los miembros del Tribunal de la Corte Provincial del Guayas, en relación a la acción de protección propuesta por la compañía Publicidad Sarmiento S.A., en abril de este año.
De esta manera, la Municipalidad recibió la notificación correspondiente dentro del expediente No. 09001-2022-1077, emitida por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Guayas.
En la investigación se determinarán los elementos de convicción necesarios, de modo, tiempo, lugar, referente a los presuntos hechos infractores.
La notificación señala en su numeral 4.1.
“Admitir a trámite la denuncia presentada por la abogada Diana Carolina Pantoja Freire, subprocuradora Metropolitana, representante Legal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito, el 1 de agosto de 2022, en contra de los abogados Carlos Alberto González Abad (Ponente), Guillermo Pedro Valarezo Coello, y Carmen Vásquez Rodríguez Jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, por el presunto cometimiento de la infracción establecida en el numeral 17 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial y admitir a trámite la denuncia en contra de la abogada María Evangelina Romero Quintero, secretaria de la precitada judicatura por la infracción disciplinaria establecida en el numeral 7 del artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial”.
La empresa Publicidad Sarmiento adeuda USD 11,2 millones al Municipio de Quito, por el no pago del canon de arrendamiento y multas por explotación de publicidad a cambio de la instalación 414 refugios de parada, 309 refugios de parada simple, asociados a un mupi (parante de publicidad) y 105 paradas dobles.
El canon de concesión anual se fijó en USD 1’267 126, por 10 años plazo a partir de la firma del contrato, celebrado en el 2018.