Concejo tratará en segundo debate el cobro de la tasa de basura: quien menos consuma, menos paga
Quito, (Quito Informa). – Este lunes, el Concejo Metropolitano de Quito tratará en segundo debate el proyecto de Ordenanza para el cobro de la Tasa de basura, que incluye una reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), una propuesta impulsada por el alcalde Pabel Muñoz que busca corregir inequidades históricas.
El debate se da luego de la suspensión del cobro de la Tasa de Recolección de Basura (TRB) a través de la planilla eléctrica, una decisión tomada de manera unilateral por el Gobierno Nacional. Frente a este escenario, la administración capitalina planteó un nuevo esquema que combine sostenibilidad financiera, corresponsabilidad ciudadana y criterios de justicia social.
Un nuevo esquema para la tasa de basura
El alcalde Pabel Muñoz explicó que la propuesta municipal tiene un enfoque ambiental y de equidad. “Asegura la continuidad del servicio y distribuye el pago de manera más justa, en función del consumo real”, señaló.
El nuevo modelo establece una tarifa basada en el consumo de agua, bajo el principio de que quien consume más agua, genera más residuos. Los estudios técnicos muestran una correlación del 92,49 % entre el consumo de agua y la generación de basura, lo que respalda el cambio de sistema.
Según las estimaciones municipales, 6 de cada 10 usuarios pagarán lo mismo o menos que cuando la tasa se cobraba en la planilla de luz. En total, el 59 % de usuarios se verá beneficiado con un valor igual o inferior al anterior.
De aprobarse la ordenanza, el nuevo esquema entrará en vigencia desde enero de 2026 y permitirá normalizar el cobro regular de la TRB a partir de febrero. El Municipio asumirá el valor correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2025.
Reforma a la Contribución Especial de Mejoras: un pago más equitativo por obras
El proyecto de ordenanza incluye también una reforma a la Contribución Especial de Mejoras (CEM), un valor que se cobra junto con el impuesto predial y que financia obras ejecutadas mediante presupuestos participativos.
A decir del administrador General, Rossman Camacho, la aplicación de la CEM es inequitativo. Por ejemplo, cuando se adoquina una calle, el costo recae únicamente en quienes viven frente a la obra, lo que en muchos casos provoca que el valor a pagar sea incluso mayor que el propio impuesto predial.
La propuesta del Municipio, planteada por el alcalde Pabe Muñoz, es que la contribución ya no recaiga solo en los frentistas, sino que se distribuya entre todos los beneficiarios reales de la obra. Si una intervención beneficia a dos barrios, el costo se repartirá entre ambos; si el impacto es parroquial, zonal o distrital, el cobro se distribuirá de forma proporcional en esos niveles.
Con este nuevo esquema, un vecino que hoy paga USD 500 por la rehabilitación de su calle podría llegar a pagar apenas un dólar, cuando el costo se reparte de manera equitativa.
La reforma también amplía las zonas de influencia, que pasan de dos categorías (local y distrital) a cuatro: local, parroquial, zonal y distrital, y extiende el plazo máximo de pago de 10 a 20 años, permitiendo cuotas más accesibles para las familias.
Esta normativa se aplicará únicamente a obras ejecutadas a partir de 2026 mediante presupuestos participativos.
El segundo debate de esta ordenanza marca un momento clave para la ciudad, al poner sobre la mesa un modelo que busca equilibrar la sostenibilidad de los servicios municipales con la capacidad de pago de la ciudadanía, corrigiendo prácticas que durante años generaron cargas desproporcionadas.