Alcaldes, prefectos y GAD parroquiales advierten que reforma al COOTAD afectaría a los más pobres

• Los alcaldes de Quito, Pabel Muñoz y de Cuenca, Cristian Zamora; los prefectos de Pichincha, Paola Pabón, y del Azuay, Cristóbal Lloret, junto a representantes de los GAD parroquiales, en rueda de prensa, coincidieron que este proyecto afectará a los grupos menos favorecidos de la población.

 Quito, (Quito Informa). – El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, expresó su preocupación frente a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (COOTAD), actualmente en debate, y sus implicaciones directas para municipios, prefecturas y juntas parroquiales, especialmente en lo relacionado con la asignación y uso de recursos públicos.

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Zamora coincidió con la propuesta del Ejecutivo de reducir el gasto corriente y optimizar el uso de los recursos del Estado, sin embargo, alertó que el mecanismo planteado podría afectar los proyectos que llevan adelante las prefecturas, municipios y juntas parroquiales del país, en cuanto a inversión social, los programas de salud, deporte, cultura, prevención de la violencia de género y atención a los sectores más vulnerables de la sociedad.

La reforma plantea que, si un municipio no ejecuta al menos el 70% de su presupuesto en obra física, su asignación se reduzca del 21% al 15% del ingreso permanente, y del 10% al 5% del ingreso no permanente. Esto significaría menos recursos para obras barriales, mingas comunitarias y proyectos locales.

Además, la reforma limita la flexibilidad financiera de los GAD. Lo que impide el uso oportuno de recursos ya que el Gobierno Central no transfiere los depósitos, mismos que se retrasan hasta tres meses, y se cancelan con bonos.

El alcalde cuencano dijo que reducir la burocracia y el gasto corriente es posible. “Cuenca es prueba de ello. En diciembre de 2022, el Municipio contaba con 2.335 funcionarios; tres años después, se ha reducido este número en 102 personas, mientras se han ampliado servicios a la ciudadanía. Es decir, se ha bajado el gasto corriente y se ha entregado más y mejores servicios. No obstante, hacerlo de manera acelerada, rígida y sin considerar la realidad territorial pone en riesgo a quienes más necesitan del Estado”.

De su lado, el alcalde Pabel Muñoz, manifestó que son partidarios del archivo del proyecto de ley urgente, porque la propuesta “tiene indicios de ilegalidad e inconstitucionalidad y no lucen urgentes si las reformas de ser aprobadas se comenzarían a aplicarse el 2027”.

Explicó que una ley debe tener un espíritu de generalidad, porque no debería haber un concepto de inversión para el Gobierno central y otro para los gobiernos locales. “Si ya tenemos una regla que dice que el 70% lo destinemos a inversión y el 30% a gasto corriente, que sentido tiene, que pongamos una regla para los recursos que son propios de los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales rurales”, insistió.

Muñoz preguntó si entre los efectos previstos está que se licue una deuda cercana a los USD mil millones que tiene el Gobierno con los municipios, al recordar que los municipios han aceptado bonos como formas de pago.

En esa línea, la prefecta Paola Pabón coincidió que “la reforma enviada de manera inconstitucional, busca licuar la deuda del Gobierno central con los gobiernos locales, que de USD 1.500 pasó a USD 1.000, pero si la reforma pasa, van licuar USD mil millones cada año”, advirtió.