Pabel Muñoz: “Este proyecto de ley violenta la autonomía de los gobiernos locales que es un principio reconocido en la Constitución”

Quito, (Quito Informa). – Este lunes, el alcalde Pabel Muñoz se refirió a la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que se tramita como proyecto de ley económico urgente, impulsado por el Ejecutivo, que busca que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) destinen progresivamente, al menos, 70% de su presupuesto a inversión, mantenimiento y obras públicas, limitando el 30% al gasto corriente.

Según el Alcalde, esta normativa “tiene grandes indicios de inconstitucionalidad. Pone una regla de gasto a los GAD que ni el propio gobierno se autoimpone. El marco legal es claro: el presupuesto de los GAD obedece a la planificación de los GAD, no a lo que se le ocurre al gobierno nacional”, dijo.

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Muñoz indicó que el proyecto de reforma que pasó al análisis de la Asamblea Nacional no tiene un carácter urgente, ya que, de aprobarse, entraría en vigencia en el próximo ejercicio fiscal, es decir en 2027. “Una ley que se aplicaría el otro año evidentemente no es urgente”.

La autoridad calificó que tiene un elemento perverso ya que “rompe preceptos constitucionales y legales, (…) porque cambian el concepto de inversión. Este concepto de inversión de la Ley de finanzas públicas no sería igual al concepto de inversión que se les da a los municipios, es decir, el Gobierno Nacional se queda con un concepto de inversión amplio y a los municipios, las prefecturas y las juntas parroquiales rurales nos pasan un concepto de inversión restringida”.

Muñoz explicó que este proyecto de ley podría “restringir el concepto de inversión a solamente construcción y edificios, por ejemplo, la construcción de una escuela sí es una inversión, sin embargo, sostener esa escuela ya no es una inversión. No nos permiten contratar estudios, pero sí la obra. Le decimos al gobierno, si usted no tiene pensado hacer obras, déjenos a nosotros hacer obras”, señaló.

En ese sentido, Quito administra 20 unidades educativas municipales y 13 Centros Municipales de Educación Inicial (CEMEI), los cuales, “si aplicaran la ley como la tienen concebida, tendríamos que cerrar estas unidades educativas y eso es una barbaridad, ¿se imaginan lo que significaría para Quito cerrar el Colegio Benalcázar, la UEM Eugenio Espejo, la UEM Sucre?”, enfatizó Pabel Muñoz.

“Este proyecto de ley violenta la autonomía de los gobiernos locales que es un principio reconocido en la Constitución. Ahora quieren aprobar una ley que terminaría pasando factura al ciudadano, porque no podríamos hacer inversión fundamentada, por ejemplo, en la contratación de los profesionales” que brindan servicios de salud, educación y otras atenciones sociales” como los programas del Patronato Municipal San José, 60 y Piquito o los Quito Wawas que atienden a más de 5.000 niñas y niños en el DMQ, recalcó el Alcalde.

Otro alcance negativo del proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Nacional, es sobre el trabajo. El burgomaestre señaló que la normativa golpearía a los trabajadores, “sería el equivalente a que tengamos que botar a 5.000 funcionarios a la calle, como no han tenido corazón de botar a gente a la calle, Quito no va a hacer eso. Nunca desatender lo que podría ser un riesgo para todos los gobiernos locales”, finalizó.