Destruir lo público e imponer el ‘sálvese quien pueda’: Diego Martínez señala que reformas al COOTAD perjudicarían a miles de beneficiarios de servicios sociales
Quito (Quito Informa). – Diego Martínez, economista y asesor de la alcaldía capitalina, señaló que la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) responde a dos objetivos de fondo que se repiten en otras reformas impulsadas por el Gobierno en los últimos años: debilitar lo público e instalar la idea de que, en el Ecuador, “se salva el que puede”. Así lo señaló en una entrevista concedida a un medio digital local.
El impacto en Quito sería grave: 27 mil estudiantes de unidades educativas municipales, 51 mil usuarios directos del Patronato y cerca de 250 mil beneficiarios verían comprometidos servicios como educación gratuita, atención social, casas de acogida, salud municipal y programas culturales. “En Quito, tenemos más de 600 puntos de 60 y PiQuito, por lo tanto, estamos hablando de cerca de 70.000 personas, abuelitos y abuelitas, que no recibirán esos beneficios”, manifestó el alcalde Pabel Muñoz, con anterioridad.
Asimismo, los servicios gratuitos que oferta la Unidad de Bienestar Animal (UBA) de esterilización, atención de denuncias por maltrato animal, procesos de adopción responsable, campañas de sensibilización y control de plagas se verían afectados. También, los programas de apoyo al emprendimiento y la innovación de ConQuito, a través de la entrega de capital semilla, están en riesgo.
Un ‘ajuste fiscal’ que paralizaría servicios y dejaría a miles de familias sin sustento económico
En julio de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 60, el gobierno de Daniel Noboa ya despidió a 5 mil funcionarios. Martínez alertó que, de aprobarse la ley, que tendrá su debate final en la Asamblea en los próximos días, el Municipio de Quito podría verse obligado también a despedir alrededor de 5 mil funcionarios municipales, en su mayoría personal operativo: profesores, agentes de tránsito, personal de salud y trabajadores sociales.
“La reducción de nómina que ya empezaron a hacer en el gobierno central, ahora la están trasladando a que se haga obligatoriamente en los gobiernos autónomos descentralizados. Ese es el objetivo real de esta reforma, que a su vez responde a las condiciones del Fondo Monetario Internacional”, explicó Martínez, con base en lo que establece el mismo proyecto de ley en su exposición de motivos.
¿Inversión en infraestructura sin gente?
El proyecto, enviado por el presidente Noboa, avanza a ritmo acelerado en la Asamblea Nacional, mientras crece la preocupación incluso entre gobiernos locales afines al oficialismo por las consecuencias que podría tener sobre las ciudades y sus habitantes.
Martínez advirtió que el proyecto legal redefine el concepto de inversión para los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), limitándolo casi exclusivamente a obra física e infraestructura, dejando fuera el financiamiento de servicios esenciales como transporte, educación, salud, ambiente y programas sociales.
“El desarrollo no es solo cemento y carreteras; el desarrollo es la gente”, señaló Martínez. A su criterio, la reforma desconoce principios económicos básicos al considerar “no prioritarios” rubros clave como salarios de docentes, médicos, conductores del transporte público o insumos para servicios municipales.
Con la reforma al COOTAD, los servicios para el bienestar animal también están en riesgo
Finalmente, cuestionó el “doble estándar” de la norma, que sanciona a los gobiernos locales si no cumplen metas de inversión, pero no impone reglas similares al Ejecutivo en áreas de su competencia exclusiva como salud, educación y seguridad, que en la actualidad muestran desatención y deterioro.