Nueva definición de inversión en el COOTAD frena eventos culturales en Quito

Quito (Quito Informa).- Las reformas al COOTAD cambiaron las reglas del juego. Redefinieron qué se considera “inversión prioritaria” y, en ese proceso, dejaron fuera a la cultura, los programas sociales y otras iniciativas que no son obra física. Bajo esta nueva lógica, solo cuenta el cemento, aunque existan inversiones fundamentales para el desarrollo humano.

Para cumplir ese objetivo, la ley restringe partidas presupuestarias que históricamente han financiado estos servicios. Es decir, limita las herramientas que tienen los municipios para ejecutar proyectos culturales y sociales en territorio.

Y hay un elemento adicional que agrava el impacto: la aplicación inmediata de la norma. Aunque inicialmente se planteaba que estos cambios rijan desde 2027, se decidió aplicarlos desde 2026, afectando presupuestos ya aprobados. Esto rompe la seguridad jurídica de los gobiernos locales, que planificaron su gestión bajo reglas distintas.

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En ese contexto, lo que ocurre con la Feria Internacional del Libro de Quito no es un caso aislado, sino una consecuencia directa.

La feria no se cancela por falta de gestión ni de recursos. El Municipio de Quito había aprobado un presupuesto superior a los 400 mil dólares y la planificación de la edición 2026 estaba en marcha desde el cierre de la anterior: país invitado definido, editoriales y autores comprometidos, y una curaduría desarrollada.

Sin embargo, la partida que permite ejecutar este tipo de eventos —la 73.02.05, correspondiente a espectáculos culturales y sociales— dejó de ser considerada inversión prioritaria. Sin esa herramienta, no es posible contratar ni producir el evento.

Vale recordar que hace tres años, tras el retiro del Ministerio de Cultura, el Municipio asumió la organización de la feria y avanzó en su institucionalización. Las últimas ediciones han sido exitosas y han consolidado este espacio como un punto de encuentro para la ciudadanía, especialmente para niñas, niños y jóvenes.

Por eso, lo que está en discusión va más allá de un evento puntual. Es una forma de entender la inversión pública y el rol de los gobiernos locales. Cuando se limita su capacidad de acción, se afectan directamente servicios, espacios culturales y oportunidades para la gente.

Si desde el nivel nacional se decide retomar la feria, será positivo para la ciudad. Pero eso no cambia el hecho de que hoy, con la normativa vigente, los municipios no tienen las herramientas para sostener este tipo de iniciativas.

Algo está fallando cuando una ley genera decenas de demandas de inconstitucionalidad y cuestionamientos desde distintos sectores.