Restricción de partidas y aplicación inmediata de reformas COOTAD: así afecta a programas sociales y culturales
Quito (Quito Informa). – Las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) ya generan efectos concretos en la ciudad: limitan la realización de actividades culturales y sociales en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). En Quito, la primera consecuencia es la cancelación de la Feria Internacional del Libro (FILQ) 2026, según lo explicó el alcalde Pabel Muñoz a través de sus redes sociales.
Aunque inicialmente se preveía que los cambios entren en vigencia en 2027, en el Legislativo se dispuso su aplicación inmediata desde este año. Esta decisión afecta directamente al presupuesto aprobado por el Concejo Metropolitano a finales de 2025, generando incertidumbre jurídica sobre su ejecución.
La Asamblea Nacional aprobó estas reformas el pasado 20 de febrero, introduciendo una nueva definición de “inversión prioritaria” que deja fuera a los eventos culturales y sociales. “Se definió un concepto que prioriza el cemento y excluye otras inversiones fundamentales para el desarrollo”, indicó Muñoz.
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La partida que ya no se puede usar
Uno de los principales impactos está en las partidas presupuestarias con las que históricamente se financian estos eventos. La FILQ, por ejemplo, se sostenía con la partida 73.02.05, destinada a “espectáculos culturales y sociales”, que cubre desde la programación artística hasta la logística.
Con la reforma, estos rubros dejan de ser considerados inversión prioritaria, lo que impide su uso. Esto no solo afecta a la Feria del Libro, sino también a iniciativas como el Verano de las Artes, las Fiestas de Quito y otros programas culturales y comunitarios.
Una feria que ya estaba lista
La FILQ, que se realiza desde 2008, fue asumida por el Municipio de Quito en 2022, tras la salida del entonces Ministerio de Cultura. Desde entonces, la actual administración impulsó su consolidación como un evento permanente de la ciudad.
Para 2026, la feria ya contaba con un presupuesto superior a los 400 mil dólares, aprobado en el último trimestre de 2025. “No se cancela por falta de recursos, sino porque las reformas legales lo impiden”, subrayó Muñoz.
El proceso de organización, además, llevaba meses en marcha: definición del país invitado, coordinación con editoriales, autores y una curaduría especializada. “La preparación empezó cuando terminó la edición anterior. Ha sido un trabajo sostenido y planificado”, añadió el alcalde.
Debate constitucional en marcha
Frente a estos efectos, la Corte Constitucional continúa recibiendo demandas de inconstitucionalidad presentadas por municipios, prefecturas y organizaciones sociales. Hasta el momento, la normativa acumula al menos 23 acciones y más de 130 amicus curiae.
“Algo está mal para que una ley tenga este nivel de cuestionamiento”, concluyó Muñoz.